El secretario de Estado de Seguridad Social afirma que “habrá que buscar un nuevo arreglo” para el sistema a partir de 2019.

Después de señalar por activa y por pasiva que la sostenibilidad de las pensiones públicas está garantizada a largo plazo, incluso si se revalorizan de nuevo las prestaciones con respecto al IPC, un destacado miembro del Gobierno acaba de enmendar la plana al discurso que ha mantenido el PSOE en los últimos años.

Se trata del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, quien ha afirmado este miércoles que el sistema tiene arreglo para los próximos diez años, de modo que, a partir de 2019, “habrá que buscar un nuevo arreglo”, haciendo así referencia a la necesidad de aprobar nuevos ajustes o reformas para que se mantenga en el tiempo.

Así lo ha señalado Granado durante la clausura de presentación del informe Las pensiones en España realizado por el Consejo General de Economistas. La razón de estos nuevos cambios no es otra que el creciente envejecimiento de la población, ya que, a mediados de la próxima década, comenzará a jubilarse la generación del baby boom, cuyo número es muy abultado, mientras que el volumen de cotizantes tenderá a la baja. Este fenómeno supondrá una presión añadida a las cuentas de la Seguridad Social, que ya entraron en números rojos en 2012. Desde entonces, el Gobierno ha tenido que tirar de las hucha de las pensiones y de la emisión de deuda para poder afrontar el pago puntual de las prestaciones, pero, en ausencia de nuevas reformas, la factura se hará insostenible tarde o temprano.

En el estudio en cuestión, dirigido por el catedrático de Economía Guillem López-Casanovas, participan los economistas Nacho Álvarez, José Ignacio Conde-Ruiz, Josep González Calvet, Montserrat Guillén, Sergi Jiménez e Ignacio Zubiri. Durante presentación, López-Casanovas ha dejado claro que “ante un incremento inevitable del gasto en pensiones por la demografía solo se puede aumentar impuestos o déficit”.

Aumentando impuestos, ha dicho, se incrementaría la presión fiscal, mientras que si se aumentan los márgenes de deuda, trasladándolos al déficit, nos llevaría en 2029 a un stock de deuda que generaría un “efecto bola de nieve del sector financiero”. “La magnitud del problema es tan grande que dejarlo al debate del Pacto de Toledo es muy atrevido”, ha dicho López-Casanovas, “por la inoperancia mostrada hasta el presente, que hace desconfiar de que sus señorías nos vayan a resolver el problema”.

Aunque Granado no ha querido detallar las reformas que harían falta para garantizar la supervivencia del actual modelo de reparto, ha reconocido que, “teniendo en cuenta la esperanza de vida, lo normal es que los trabajadores se jubilen más tarde“. Para el secretario de Estado, el futuro del sistema, más que en las grandes reformas que se predican, está “en las pequeñas determinaciones”.

En esta línea, ha asegurado que hay muchas áreas de gasto que se tienen que enmendar y que el modelo debe ser “más flexible”, sustituyendo, por ejemplo, las jubilaciones anticipadas por un sistema basado en la decisión personal de a qué edad se quiere jubilar cada persona y, en función de eso, decidir la cuantía de la pensión. Igualmente, ha advertido de que indexar las pensiones a un único indicador, en referencia al IPC, puede causar a largo plazo “más efectos perversos que positivos”. Granado ha asegurado que el Gobierno está comprometido con la revalorización de las pensiones y que lo que está en discusión es el procedimiento: que esté o no más vinculado al crecimiento del PIB, a los ingresos del Estado, al crecimiento de las cotizaciones y de los precios, etc.

“Si reconocemos que España es un país con una esperanza de vida muy alta, tenemos que asegurar una pensión inicial razonable y luego garantizar su revalorización”, ha señalado. Granado cree que el debate sobre cómo revalorizar las pensiones acabará solventándose con una revalorización razonable para 2019, que mantenga el poder adquisitivo, y con otro indicador, de carácter permanente, que cuente con un acuerdo “suficiente” en el Pacto de Toledo y la mesa de diálogo social. Sin embargo, esta idea también choca con la promesa de Sánchez de volver a ligar las pensiones al IPC.

Por último, Granado considera que “no hay ninguna justificación” para no ampliar a toda la vida laboral el periodo de cálculo de la pensión, frente a los 25 años actuales que se establecieron en la reforma aprobada por Zapatero en 2011. También vería con buenos ojos que, en el Pacto de Toledo, se valorara la posibilidad de que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se nutriera de impuestos y no solo de cotizaciones sociales. “El sistema ha vivido al filo de la navaja desde su origen, esta situación tan desesperada exige que tomemos medidas”, ha concluido Granado.

 

Fuente: libremercado.com